La Comunidad de Madrid, mediante la Orden 3556/2013 de 20 de diciembre (BOCM del 30 de diciembre de 2013), aprobó la modificación de las tarifas de los servicios de abastecimiento, saneamiento y agua reutilizable prestados por Canal de Isabel II Gestión, estableciendo las que están vigentes desde el 1 de enero de 2014. En la resolución, el Gobierno regional revisa las fórmulas mediante las cuales se determinan las cuotas variable y fija que componen las tarifas, concluyendo que tal revisión supondrá una rebaja de las tarifas en torno al 0,1%, que se corresponde con la variación del IPC. Esta disminución testimonial no pondrá en entredicho, en ningún caso, la sostenibilidad financiera del Canal de Isabel II Gestión, si se atiende a los beneficios obtenidos. En la Orden también se mantienen las exenciones sociales para aquellos titulares de contratos que acrediten no poder hacer frente al pago de las tarifas. Pero estas exenciones se refieren únicamente a la parte variable de la tarifa, es decir a la correspondiente al consumo de agua, siempre que sea menor a 25 metros cúbicos cada dos meses. La situación de empobrecimiento que sufre una parte importante de la sociedad madrileña ha hecho que se incrementen drásticamente las peticiones de exención social en el último año y que, en muchos casos, las familias se declaren incapaces de asumir el abono de la tarifa en su totalidad, lo que afecta tanto a la cuota variable -la que está eximida de pago-, como a la fija. El importe de la parte fija de la factura puede suponer más de la mitad de la tarifa total, por lo que resulta lógico que muchos beneficiarios de la exención social no puedan abonarla por carecer de recursos económicos.La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II exige que la exención social de la tarifa afecte a ambas cuotas, a fin de garantizar el acceso al agua para los sectores más vulnerables de la Comunidad de Madrid, en consonancia con el derecho humano al agua. Por ende, la entidad ciudadana, que está compuesta por decenas de colectivos sociales (ecologistas, vecinales, sindicales…) de la región, recuerda que el peligro de que la empresa pública sea privatizada sigue vigente y que de producirse este hecho, los problemas de acceso al agua se agravarán y sin duda será más difícil lograr exenciones para las personas con pocos recursos. Por último, hay que subrayar que el acceso a la exención social de la tarifa requiere de trámites burocráticos que hacen que el proceso de concesión se prolongue en el tiempo innecesariamente. Por ello, y ante la emergencia social que vivimos, la Plataforma exige que se agilice el procedimiento estableciendo unos criterios objetivos que permitan un reconocimiento prácticamente inmediato de la exención, tal y como sucede con el bono social eléctrico.