Las asociaciones vecinales y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) asistimos últimamente al agravamiento de algunos problemas cuya resolución llevamos años demandando al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y al surgimiento de otros nuevos que no reciben respuesta alguna por parte del organismo que dirige Juan Van Halen.

Uno de ellos es la ocupación ilegal de viviendas vacías del IVIMA que tardan en ser adjudicadas. En el barrio de San Isidro (Carabanchel) el número de viviendas ocupadas alcanza las 80, el doble que en 2011. Tampoco los barrios de nueva construcción, como el PAU de Vallecas, se libran de estas prácticas, denunciadas en repetidas ocasiones ante el IVIMA con nulo resultado. En general, los vecinos no tienen problemas con las ocupaciones cuando se llevan a cabo simplemente para buscar cobijo y las familias responden a las obligaciones con la comunidad. Pero no siempre es así: muchas son ocupadas por mafias que posteriormente las venden o alquilan a costa del patrimonio público, como sucede en Comillas, también en Carabanchel. En barrios como Orcasur (Usera) o el polígono Puerta de Madrid de Alcalá de Henares, los locales comerciales del IVIMA ocupados y transformados en vivienda de forma irregular se cuentan por decenas. Por decenas se cuentan también las correspondientes denuncias ante el instituto público que no han obtenido respuesta.

En ocasiones, aunque no siempre, las ocupaciones van acompañadas de tráfico de droga y, en consecuencia, dan lugar a serior problemas de seguridad ciudadana. Es el caso de varias viviendas en el PAU de Vallecas, Palomeras Sureste (Puente de Vallecas) y el Alto de San Isidro y Comillas, ambos de Carabanchel.

La pésima gestión del patrimonio público del IVIMA no solo se deja sentir en la acumulación de locales y de viviendas vacías que cumplen años, degradándose, sin que sean adjudicadas. Existen también centenares de plazas de garajes que nunca han sido utilizadas. Sólo en el barrio de La Ventilla (Tetuán) hay 300 abandonadas desde hace 15 años. El PAU de Vallecas (Villa de Vallecas), Triángulo del Agua y Palomeras Sureste (Puente de Vallecas), Valdebernardo (Vicálvaro), camino Alto de San Isidro (Carabanchel) suman centenares más. El barrio de Almendrales (Usera), acumula 30 plazas vacías desde hace la friolera de 27 años. Llama poderosamente la atención que en un contexto de falta de solvencia económica generalizada, el IVIMA deje de ingresar millones de euros por la venta de estos garajes, cuya falta de mantenimiento da lugar no solo a problemas de insalubridad, sino también de seguridad, ya que algunos se han convertido en espacio de desguace de coches y motos robadas.

Pero, además de las consecuencias expuestas por los retrasos en la adjudicación de viviendas, locales y garajes, las asociaciones vecinales denuncian otra que denota una irresponsabilidad impropia de una administración pública: el impago de las correspondientes cuotas a las comunidades de vecinos, que en lugares como Fuencarral alcanza los 50.000 euros y en no pocos casos provoca cortes de suministros y, desde luego, graves problemas de mantenimiento de los espacios colectivos.

Otra de las históricas demandas desatendidas por parte del IVIMA es el mantenimiento de la estructura y de las zonas comunes de sus inmuebles. Abundan los ejemplos que dan cuenta del absoluto abandono en que el organismo público mantiene su patrimonio: grietas en fachadas, humedades en sótanos y cubiertas, elementos estructurales que se desprenden, falta de muros de contención… Los vecinos del número 2 de la calle Cabo Machichaco, en El Pozo del Tío Raimundo, viven con un muro lateral apuntalado desde 1992 sin que el IVIMA haya tomado cartas en el asunto. Todo ello sume a las vecinas y vecinos en una absoluta sensación de abandono, degrada sus condiciones de vida y alimenta un desapego por la comunidad que se traduce en prácticas incívicas, como la acumulación de basuras y chatarra en zonas comunes, la realización de barbacoas en patios interiores…

Además de viviendas, locales y garajes, hay edificios enteros vacíos que incumplen el objetivo social para que el que se creó el IVIMA. Es el caso del inmueble situado en la calle General Pintos esquina con Mártires de La Ventilla (Tetuán), vacío desde que se terminó de construir, hace dos años y medio, o el situado en la calle Visitación 3 (Usera), abandonado desde 1997 y cuyo uso reclaman los vecinos para que albergue un teatro. Cabe señalar, en este caso, que el IVIMA ordenó el desalojo de un grupo de vecinas y vecinos que ocuparon el inmueble y lo transformaron en un centro social repleto de actividades para volver a sumirlo en el más absoluto abandono.

El mismo trato dispensa el organismo público a algunas parcelas de su propiedad en desuso a las que ni siquiera dedica el mínimo mantenimiento exigible, como la delimitada por las calles Islas Jarvi, Sanchonuño y Zamarramala en Fuencarral o en la calle Eduardo Rivas, en Comillas (Carabanchel).

Las remodelaciones de barrio de los que hace gala el instituto acumulan retrasos de décadas. Es el caso de la remodelación de la UVA de Hortaleza, que según los plazos previstos, debería haber concluido hace diez años. Centenares de familias esperan su realojo en un barrio que se degrada año a año toda vez que las administraciones públicas no invierten dinero en su mantenimiento. Parejo ejemplo encontramos en el edificio conocido como “Sube y baja” de San Blas, situado en la calle Amposta 31, uno de cuyos bloques lleva 20 años esperando una remodelación.

En aquellos barrios que iniciaron las rehabilitaciones en el marco del Plan de Rehabilitación de la Comunidad de Madrid 2005-2008, las familias que desembolsaron importantes sumas de dinero para acometer las obras siguen esperando las prometidas ayudas. El impago resulta particularmente grave en barrios como Palomeras Sureste o Entrevías, toda vez que poseen unos de los niveles de renta per cápita media más bajas de la capital (605 euros de media en el segundo).

Por último, una de las situaciones que más rabia y sonrojo provoca entre las vecinas y vecinos son los procedimientos de desahucio que promueve el IVIMA contra las familias que no pueden cumplir con el pago de su alquiler por su situación sociolaboral, agravada como consecuencia de la crisis económica. Se suceden los desahucios en Tetuán, Leganés, Carabanchel, Vallecas…, incumpliendo así la función social para la que fue creada el organismo y quedando las viviendas desocupadas. Esta mañana, sin ir más lejos, hemos asistido a uno en la vía Carpetana de una vivienda en la que vivía una mujer pendiente de recibir la Renta Mínima de Inserción con su hija de 4 años, una hermana de 16 y otra de 37 años con epilepsia. A pesar de sus dificultades económicas, se encontraba al día en el pago de las cuotas a la comunidad.

Y mientras el organismo público lleva a cabo estos desahucios, en más de año y medio de existencia de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, no ha atendido a una sola de las más de cien peticiones de vivienda de emergencia social cursadas por esta entidad para hogares con orden de desalojo por impago hipotecario.

Las asociaciones vecinales denuncian la nefasta gestión del instituto de la vivienda precisamente en algunos de los barrios más desfavorecidos de la capital y temen que responda a una estrategia de degradación del servicio que prestan para impulsar la privatización. De hecho, el organismo público ya ha dado pasos en esa dirección al “externalizar” la gestión del patrimonio de viviendas y garajes ‘dada la dificultad que supone operar con un patrimonio de viviendas tan voluminoso, disperso y, unido a la carencia de medios humanos y materiales disponible en el IVIMA” a través de un contrato de un millón de euros.