Hace siete años, la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Vallecas y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) suscribieron un acuerdo con el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, para poner en marcha un Plan de Inversiones para los distritos de Puente y Villa de Vallecas por un importe de 18.000 millones de las antiguas pesetas a desarrollar entre los años 2000 y 2005.

Todos los equipamientos y proyectos fueron consensuados con los representantes de las asociaciones vecinales de Vallecas y, en su mayoría, ejecutados. Pero no todos. Como consecuencia de la presión vecinal, Esperanza Aguirre se avino a firmar un nuevo convenio en el que, amén de comprometer la ejecución de los proyectos pendientes, firmó la programación de nuevas actuaciones igualmente negociadas con las asociaciones de vecinos. Entre ellas la construcción de una miniresidencia y una escuela infantiles, la creación de tres Centros de Acceso Público a Internet (CAPI), varios programas de formación y de intervención social o la creación de un Hotel de Asociaciones y un centro de acciones productivas en las ampliaciones del Mercado de Puente de Vallecas y Santa Eugenia.

El convenio fue firmado el 2 de agosto de 2006. Meses después, el 9 de enero, las asociaciones vecinales se reunieron con la entonces viceconsejera de Innovación Tecnológica, Concha Guerra, que les invitó a contratar el personal para poner en marcha los tres CAPI. Así lo hicieron. La sorpresa fue mayúscula cuando el 29 de septiembre pasado, la Comunidad les comunicó que ‘por motivos jurídicos no se iba a abonar el dinero’.

En este momento, las asociaciones vecinales y la FRAVM estudian la posibilidad de interponer una demanda judicial a la Comunidad de Madrid para reclamar los 135.000 euros que han adelantado las asociaciones vecinales Norte de Albufera, Los Pinos de San Agustín y Madrid Sur (45.000 euros cada una) para poner en marcha los CAPI y de concentrarse en la Asamblea de Madrid el próximo 5 de diciembre si los responsables del Gobierno regional no plantean una solución antes de esa fecha.

Los CAPI ofrecen acceso gratuito a internet, cursos de informática, ofimática y navegación de 9 a 21 horas a una media de 800 a 900 personas al mes.

Los representantes vecinales denuncian que ‘los presupuestos de 2008 destinan partidas muy pequeñas para la ejecución de los proyectos negociados” y que “el Gobierno regional no se está reuniendo con el movimiento vecinal para hacer un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos. Todo son dilaciones, retrasos y continuas negativas a dar la cara y a cumplir con lo acordado”.