La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y Ecologistas en Acción han presentado sendos escritos de sugerencias al Avance de la revisión parcial del PGOUM 1985 y Modificación del PGOUM 1997 en los ámbitos afectados por la ejecución de las sentencias”, bautizada como ‘revisión exprés’ por la voluntad del Ayuntamiento de Madrid de tramitarla en apenas seis meses, cuando un plan de este tipo suele tardar años en ser aprobado. Por esta vía el Ayuntamiento pretende volver a legalizar todo lo declarado nulo por el Tribunal Supremo. En sus escritos de sugerencias, ambas organizaciones coinciden en solicitar la interrupción y retirada de este proceso de revisión parcial y modificación, y remitir la resolución definitiva de la situación urbanística de los ámbitos afectados a la Revisión en marcha del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) de 1997, cuyo preavance fue presentado en julio de 2012. Este proceso al menos prevé unos tiempos más acordes con la complejidad y el alcance de las decisiones que han de tomarse.

Tanto la FRAVM como Ecologistas en Acción subrayan que la interpretación que el Ayuntamiento hace de las sentencias, como si de un mero “defecto de forma” se tratara, es profundamente errónea. La sentencia señala la imposibilidad de reclasificar como urbanizable los suelos no urbanizables protegidos si no se acredita que éstos hayan perdido los valores naturales por los que en su día fueron protegidos. En la actualidad, transcurridos 27 años desde el PGOUM de 1985, muchos de estos suelos no solo no han perdido sus valores, sino que los han incrementado. Por tanto y, de seguir adelante con su “política de hechos consumados” y de “huida hacia delante”, el Ayuntamiento podría ocasionar aún más perjuicios a los actuales y posibles futuros afectados, agravando elproblema social generado.

Ambas organizaciones entienden que, lejos de soslayar el contenido de la sentencia, ésta supone una magnífica oportunidad para reconducir la estrategia territorial de la ciudad, evitando profundizar en los errores y excesos de la burbuja inmobiliaria, en línea con la autocrítica que el propio Ayuntamiento hace en el documento de Preavance de la Revisión del PGOUM de 1997 presentado en julio de 2012. En lugar de consumar la urbanización de todo el término municipal, como preveía el PGOUM de 1997 declarado parcialmente nulo, se deberían preservar los espacios naturales valiosos que aún quedan (especialmente en Campamento, Los Cerros y Valdecarros), destinar parte de los suelos a la recuperación de la agricultura periurbana, y reducir el consumo de suelo en unos sectores urbanizables residenciales que ni son necesarios ni son viables, liberando suelo para recuperar la idea del “anillo verde”. Las cooperativas afectadas en ámbitos iniciados pero inviables económicamente, como Los Berrocales y Los Ahijones, pueden perfectamente ser reubicadas en sectores no afectados por la sentencia, como El Cañaveral. Para ámbitos como Valdebebas o Arroyo del Fresno habrá que buscar soluciones que combinen el respeto a las sentencias con la salvaguarda de los derechos de los particulares afectados que han sido víctimas de la temeraria política de las administraciones madrileñas.

En su escrito, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) repasa la secuencia de acontecimientos que nos han llevado hasta la situación actual, los errores del PGOUM de 1997 que admite el propio Ayuntamiento y que se contradicen con larevisión exprés, cuestiona el rigor del panorama apocalíptico que describe el documento en caso de no llevarse a cabo la revisión parcial, y cuestiona el “desliz ético y estético de culpar a la sentencia de impedir la creación de 3.800 empleos”, cuando el problema del paro en el sector de la construcción viene precisamente de sus excesos y de “unas políticas públicas que debieron impedir la formación de la burbuja inmobiliaria y no lo hicieron”.

Por su parte, Ecologistas en Acción señala una serie de defectos e irregularidades del avance de la ‘revisión exprés’, como es la tramitación simultánea de dos revisiones del Plan General, algo que no contempla la legislación urbanística. También señala que el calendario de tramitación pactado de antemano con la Comunidad de Madrid vulnera la participación pública al no haber margen para cambiar la propuesta a raiz de alegaciones ciudadanas o informes de organismos públicos, y al simultanear los trámites de consultas previas e información pública. Las confusiones sobre la normativa de aplicación, la deficiente motivación de la revisión parcial, la ausencia de alternativas contempladas, la ausencia del preceptivo Estudio de Incidencia Ambiental y la inadecuada metodología empleada para la evaluación de la supuesta pérdida de valores naturales de los ámbitos afectados, son otras cuestiones puestas de manifiesto por la asociación ecologista.