Después de un cuarto de siglo de demora en su tramitación, ¿no podía haber esperado a hacerlo una vez finalizado este periodo de excepción? ¿a qué vienen estas prisas? La Operación Chamartín no solo es el plan urbanístico de mayor envergadura de la capital. También es el que atesora o está rodeado de más irregularidades, escándalos, corruptelas y controversias. Tal vez por esto último la Comunidad de Madrid, para enorme satisfacción de Distrito Castellana Norte (DCN), el consorcio promotor formado por el BBVA y la Constructora San José, se aprestase a aprobarlo en el Consejo de Gobierno de ayer, en un momento en el que el mundo entero está pendiente de la evolución de la pandemia del coronavirus.

A pesar de su importancia, el proyecto Madrid Nuevo Norte, que está salpicado por el caso Villarejo de corrupción (que llevó a la imputación del ex presidente de DCN), carece de consenso social. De hecho, la inmensa mayoría de asociaciones vecinales de los barrios afectados por la operación lo rechazan, al igual que la FRAVM y Ecologistas en Acción, dos entidades que han asegurado que tras su aprobación definitiva y una vez que sea publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, lo llevarán a los tribunales a través de un contencioso administrativo.

Tal y como indicaron en una nota hecha pública el martes, estos grupos reiteran su rechazo a la operación por constituir un despropósito urbanístico que persigue ante todo trasladar suelos públicos a entidades privadas – DCN– por un precio irrisorio -2.000 millones a pagar en 20 años- comparado con los beneficios que estas van a lograr. La operación asegura un negocio especulativo a costa del bien común, y contraviene todos los principios de sostenibilidad, inclusión, uso social de los bienes públicos y transparencia en la gestión urbana por parte de las administraciones públicas.