CC.OO. y UGT de Madrid, la Federación Regional de AAVV de Madrid y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (FADSP) calificaron con un ‘muy deficiente” la política sanitaria de la presidenta Esperanza Aguirre en el último curso político. Así lo pusieron de manifiesto en una rueda de prensa posterior a al encuentro mantenido el pasado viernes 15 de julio para evaluar la situación de la sanidad pública madrileña.Todas las organizaciones coincidieron en que en el último periodo la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid ha sufrido una regresión debido, sobre todo, al estancamiento producido en los niveles de Atención Primaria donde ni se ha incrementado la ratio de profesionales por cada 1.000 habitantes, ni se ha incrementado el tiempo de consulta. Antes bien, los portavoces recordaron que hay listas de espera que llegan a los 8 días, circunstancia que atribuyen a la carrera electoralista y a la falta de criterio de un gobierno regional obsesionado por disminuir las listas de espera quirúrgica. Con todos los recursos y la atención centrada en la consecución de ese afán, se han incrementado de forma notable las listas diagnósticas y de especialistas de forma extremadamente heterogénea por especialidades y con grandes diferencias entre áreas sanitarias y entre las zonas dentro de la misma área, recurriendo de forma sistemática a las listas bloqueadas y ocultas. Pero aún hay más motivos que justifican el suspenso. La oferta de camas hospitalarias públicas ha permanecido estancada en 2′,4 camas por cada 1.000 habitantes, a pesar de las promesas electorales. Y es que las 1.170 plazas del nuevo hospital de Majadahonda y las 500 comprometidas del Gómez Ulla en absoluto servirán para compensar la reducción prevista en los planes directores de los hospitales públicos, que prevé la eliminación de 1.600 camas.Sin embargo, uno de los aspectos que centraron el debate y que explica en buena medida la creciente precarización de la asistencia sanitaria pública es la tendencia de la administración a comprometer dinero público en conciertos y convenios con el sector privado, amén de la gestión privada de los servicios no médicos de los siete nuevos hospitales previstos para nuestra región.Cabe sumar, a todo lo anterior, la renuncia a abordar con rigor y de forma coordinada entre las administraciones las graves deficiencias que padece el servicio de emergencias, denunciadas, entre otros, por el Defensor del Pueblo.En este contexto, la FRAVM, CC.OO., UGT y la FADSP exigen un incremento de la partida presupuestaria destinada a la sanidad y una revisión de la política fiscal del Gobierno regional, que con la reducción de los impuestos a las rentas más altas pone en riesgo la capacidad de la Comunidad de Madrid para hacer frente a la financiación de los servicios públicos y entra en contradicción con la exigencia de una mayor dotación de recursos al Gobierno central. Severo OchoaPor último, las organizaciones recordaron que la resolución de la Fiscalía que exime de responsabilidades civiles y penales a los profesionales del hospital Severo Ochoa en la sedación a pacientes terminales, descartando con ello la mala praxis, ha dejado al descubierto la pésima gestión del consejero de Sanidad, Manuel Lamela, que ha dejado tras de sí un reguero de despropósitos que han deteriorado gravemente la confianza médico-paciente y la imagen de la sanidad pública madrileña, amén de conculcar gravemente el principio de presunción de inocencia y los derechos laborales y profesionales de los trabajadores sanitarios. En este sentido, recordaron que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre es responsable tanto de la situación creada como de sus perversas consecuencias sobre la sanidad madrileña al amparar y defender la gestión del consejero y no haberlo cesado. Tanto la FRAVM como los sindicatos y la FADSP denunciaron la situación de bloqueo que impide dar soluciones a los problemas planteados, extendiendo con ello la alarma y la incertidumbre entre los usuarios de los servicios sanitarios, los vecinos.