En nombre del Grupo Confederal Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, el diputado Alberto Garzón ha registrado esta mañana en el Congreso una iniciativa para su debate y votación en la Comisión de Fomento que persigue literalmente la elaboración de “un nuevo acuerdo social e institucional ampliado para el desarrollo del entorno de la estación de Chamartín cuya prioridad sea mejorar la cohesión territorial, la creación de empleo de calidad, la dotación de espacios verdes y servicios sociales, frenar la especulación y garantizar que la vivienda y el suelo público esté al servicio de la gran mayoría social”. Es decir, lo mismo que desean la mayoría de las asociaciones vecinales del ámbito de la operación, hoy agrupadas en la Plataforma Zona Norte, y que poco tiene que ver con el actual proyecto Madrid Nuevo Norte que, al margen de aquellas, han firmado el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Fomento y el consorcio Distrito Castellana Norte (formado por el BBVA y la constructora San José).

La llegada del gobierno de Pedro Sánchez abre un nuevo escenario que Unidos Podemos, con el apoyo en este caso de diversas entidades sociales como la FRAVM, quiere aprovechar para reemplazar ese proyecto por otro que, tal y como recoge la PNL, “fije los criterios y condiciones para un desarrollo urbanístico centrado en las necesidades reales del distrito y de la ciudad enfocado hacia el requilibrio territorial, el urbanismo sostenible y el fomento de la vivienda pública en régimen de alquiler”. Y la primera medida pasa por que Fomento no renueve el acuerdo que desde hace años mantienen ADIF y DCN y que finaliza el próximo 31 de agosto. “Esta cancelación no exige ninguna compensación ya que no hay derechos reconocidos y está plenamente en su mano realizarlo para abandonar un convenio perjudicial para los intereses de la ciudad de Madrid”, aclara Unidos Podemos en su propuesta, antes de subrayar la oportunidad que se abre para desarrollar “una iniciativa pública en terrenos cuya titularidad es 80% pública”

El texto contiene numerosas referencias a las demandas del movimiento vecinal. Así, insta al Gobierno central a “incluir plazos y presupuesto suficiente para dar solución al déficit de dotaciones sociales y espacios verdes, en los términos que reclaman las entidades vecinales del distrito, como requisito imprescindible y prioritario para continuar con el resto del desarrollo del plan”; y a “garantizar que la vivienda que se vaya a construir sea mayoritariamente pública en régimen de alquiler y a precios asequibles, fijando plazos para su ejecución”.

En la misma línea, Unidos Podemos invita al Gobierno de Sánchez a “elaborar un plan de rehabilitación acorde con las necesidades, desde la iniciativa pública e instar a la Comunidad de Madrid a modificar la legislación para que el régimen de alquiler social propuesto sea totalmente garantista”. También le pide “desarrollar un plan de fomento del transporte público y de reducción del transporte privado, en línea con las propuestas vecinales”, y “equilibrar el reparto territorial de usos entre residencia y actividad económica, de manera que el impacto en la movilidad no contradiga la política de reducción del acceso al centro en vehículo privado y no obligue a afrontar costosas obras públicas”.

Por último, siempre en la línea defendida en estos años por la FRAVM, solicita que se limite “el espacio previsto para actividades terciarias (oficinas), manteniendo los suelos de uso industrial que ahora existen, y estudiando la posibilidad de ampliarlo, tras un análisis conjunto con sindicatos y entidades sociales, para fomentar el empleo estable y de calidad”.