En su visita a la Comisaría de Gestión de la Diversidad, Nacarino ha estado acompañado por Beatriz González-Bustillo, una de las responsables en la FRAVM de la campaña “No acepto”, que desde 2017 batalla por la retirada de este tipo de publicidad del espacio público. La denuncia de la federación viene precedida de la presentación de una denuncia similar por parte de la Asociación Vecinal de Quintana (Ciudad Lineal), entidad pionera en la lucha contra la publicidad callejera de prostitución. No en vano, fue este colectivo el que puso en marcha “No Acepto”, una iniciativa que pronto prendió en otros barrios de la ciudad afectados y logró el apoyo de sus asociaciones vecinales, de colectivos feministas, AMPAs y de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid que en aquel momento dirigía Manuela Carmena.
Lamentablemente, salvo en el paréntesis que supuso la pandemia de la Covid-19, las tarjetas de publicidad de prostitución no han desaparecido durante todo este tiempo de numerosos barrios y algunos municipios madrileños como Leganés, pero desde hace unos meses asistimos a un claro repunte, de ahí la nueva acción de la federación vecinal.
Tal y como recoge la FRAVM en su denuncia, “la difusión de publicidad relacionada con la prostitución en espacios públicos del municipio de Madrid, concretamente mediante reparto de flyers en vehículos estacionados, mobiliario urbano y otros soportes de uso común” puede constituir “un delito de incitación al odio, la discriminación o la violencia por razón de sexo y situación de vulnerabilidad, conforme al artículo 510.2.b del Código Penal, que establece: “La producción, elaboración, posesión con finalidad de distribución, facilitación del acceso a terceros o difusión de cualquier clase de material que por su contenido sea idóneo para fomentar, promover o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos (…) de sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género (…).”
“Consideramos que esta práctica contribuye a perpetuar la cosificación y explotación de las mujeres, presentándolas como mercancía sexual en el espacio público y normalizando un sistema de violencia estructural profundamente arraigado en el machismo, el racismo y la desigualdad social. La distribución masiva de este tipo de publicidad no solo atenta contra la igualdad y la dignidad de las personas más vulnerables, sino que además reproduce discursos implícitos de discriminación por razón de origen y nacionalidad, dado que gran parte de las mujeres explotadas sexualmente en nuestro país son extranjeras, muchas veces en situación administrativa irregular, víctimas de trata o de redes de explotación transnacional”, indica la Federación Vecinal en su escrito.
“Estos materiales -continua- refuerzan imaginarios racistas y xenófobos, que asocian determinados cuerpos racializados con la disponibilidad sexual y el estigma, contribuyendo a la creación de un clima de hostilidad social hacia las mujeres migrantes y pobres. En este sentido, su difusión puede incurrir en una infracción del artículo antes mencionado, al tratarse de contenido que resulta idóneo para fomentar, promover o incitar indirectamente al odio, la discriminación o la violencia contra mujeres en situación de especial vulnerabilidad, por motivos de género, origen nacional o étnico situación económica y/o administrativa”, resume la organización vecinal.
Con la denuncia de hoy, la FRAVM da un nuevo paso en la lucha contra este tipo de prostitución, una pelea que inició hace ocho largos años y que ha estado jalonada de actos de todo tipo, que van desde acciones de retirada de flyers de las calles más afectadas a recogidas de firmas, pasando por pesadas públicas de las tarjetas recogidas, performances callejeras, la edición de parasoles de denuncia y reuniones con administraciones y partidos políticos.
