La tarifa eléctrica para los consumidores domésticos subirá el próximo año una media del 4,48% y el gas natural un 4,25%, según la propuesta que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio remitirá en breve a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para su aplicación a partir del 1 de enero de 2005.

Un 2% del 4,48% del incremento corresponde al tope establecido por la actual normativa. El resto responde a la aplicación de nuevas normativas, fundamentalmente por la puesta en marcha de los planes de energías renovables y de eficiencia energética, a los que se destina una financiación adicional con cargo a la tarifa. El Ejecutivo ha anunciado, asimismo, que introducirá una penalización de 1,3 céntimos adicionales a aquellos domicilios por cada kilowatio que supere el límite de 650 kwh hora al mes. La FRAVM considera que las tarifas de los servicios no puede superar bajo ningún concepto el índice del IPC y califica la propuesta de Fomento como un regalo a las empresas suministradoras que repercute, una vez más, sobre la economía familiar, castigada por la precarización generalizada de las condiciones laborales.

Cabe señalar que las asociaciones de vecinos del Estado español llevan años trabajando de manera conjunta para instar al Gobierno a que rebaje el IVA de los servicios básicos de consumo doméstico, como el agua (del 7 al 4%) el gas, el teléfono fijo o la electricidad (del 16 al 5%) en tanto constituyen bienes de primera necesidad y no de lujo. Ello, sin detrimento de la aplicación de tarifas progresivas que graven los consumos excesivos, siguiendo el ejemplo de la tarifa del agua aplicada en Cataluña.

En unas jornadas celebradas en Madrid bajo el epígrafe Ciudadanía y Medio Ambiente los pasados días 25, 26 y 27 de noviembre, federaciones y confederaciones de asociaciones de vecinos de Madrid, Cataluña, Asturias, Galicia, Valencia, Extremadura, Zaragoza y Cantabria concluyeron que España está cada vez más lejos de alcanzar los objetivos que, en materia de conservación medioambiental marcan las directivas europeas. Los bajos porcentajes de recuperación de envases, el creciente consumo de agua y de energías no renovables responden, no sólo a la mecanismos de comportamiento relacionados con el individualismo y la falta de identificación con los objetivos colectivos no inmediatos, como señala la publicidad institucional y este tipo de medidas, que castigan el consumo familiar. Más allá del consumo doméstico y los hábitos individuales, las grandes empresas continúan haciendo negocio con recursos no renovables sin que se les aplique de forma proporcional la máxima de “quien contamina paga”. En este sentido, la FRAVM exige a la administración que actúe con las empresas con el mismo celo sancionador que muestra con la ciudadanía.