En respuesta a las informaciones aparecidas en prensa en torno al denominado “Plan Integral de Mejora de la Seguridad y la Convivencia del Barrio de Lavapies de Madrid”, desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) consideramos necesario reiterar públicamente nuestro posicionamiento ante lo que, a todas luces, parece el empeño de la Delegación del Gobierno de Madrid no solo de criminalizar diversas expresiones de los movimientos ciudadanos de los que que formamos parte o con los que trabajamos habitualmente, sino de hacernos cómplices de esta campaña de criminalización.

Rechazamos cualquier intento de este tipo, denunciamos esta preocupante actitud de la Delegación de Gobierno e insistimos en que la posición del movimiento vecinal con respecto a la seguridad y a la convivencia en el barrio de Lavapiés es clara: no se necesita más policía, sino más inversiones públicas en equipamientos sociales y en servicios públicos.

Como dijimos en su momento, para el movimiento vecinal, quienes atentan contra la seguridad y la convivencia ciudadanas son quienes recortan derechos y detraen recursos que son de todos privatizándolos y poniéndolos en manos de unos pocos, no quienes, desde diferentes iniciativas ciudadanas trabajan para que los recursos y bienes públicos sigan perteneciendo al conjunto de la sociedad y se destinen a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.