En los últimos años hemos sufrido una sucesión de atropellos que vulnera el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna: desahucios, abusos hipotecarios, venta de viviendas públicas a fondos buitre, pelotazos urbanísticos que alimentan la especulación inmobiliaria, impago de subvenciones públicas ya concedidas…

En el período de la burbuja inmobiliaria la inversión en vivienda concentró más de la mitad de la riqueza productiva acumulada por el total de la economía española. Pero al mismo tiempo, el endeudamiento de las familias creció en más de un 300%, el precio de la vivienda en un 160%, y la ya escasa vivienda protegida descendió el 50 %.

A la presión de la burbuja inmobiliaria le siguió su estallido, la crisis económica, los despidos, el paro y… los desahucios. A pesar de que los desahucios ya no centran la atención mediática, no solo no se han reducido: según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en los primeros 9 meses de 2014 hubo un 21% más de desahucios que en el mismo periodo de 2013.

Lejos de proteger a la ciudadanía, las administraciones públicas se sumaron a los desahucios de los inquilinos de viviendas públicas. Pero no solo eso: el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, a través del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), respectivamente, vendieron cerca de 5.000 viviendas públicas a fondos buitre, dejando al albur de sus intereses el futuro de familias con especiales necesidades sociales. Ahora, algunas de ellas corren el riesgo de perder las ayudas públicas que recibían para pagar el alquiler, con el consiguiente riesgo de desahucio.

La venta de 2.935 viviendas públicas por parte del IVIMA al fondo de inversión estadounidense Goldman Sachs y a la gestora inmobiliaria española Azora está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 48, que ha visto posibles “indicios objetivos de enriquecimiento” en la operación. El Defensor del Pueblo, por su parte, ha advertido de que el cambio de arrendador “resulta claramente perjudicial [para los inquilinos] por cuanto reduce su esfera de derechos”.

Por otro lado, tanto el IVIMA como la EMVS no cesan de ordenar desahucios de familias afectadas por la crisis que no pueden hacerse cargo del alquiler de sus viviendas.

No acaba ahí la lista de agravios de las administraciones públicas a la ciudadanía: el gobierno de la Comunidad de Madrid debe decenas de millones de euros a unas 38.000 familias a las que animó a rehabilitar sus viviendas, con el agravante de que la mayoría de ellas pertenece a personas jubiladas con pensiones modestas.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), PAH Madrid, la Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social, la Asociación de Afectados por la Venta de Vivienda de la EMVS, Yo no me Voy, Las 1.000 del Nuevo Tres Cantos, el Foro de Curas, CCOO, Redes Cristianas… convocaron una manifestación para que, de una vez por todas, se haga efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna y los políticos asuman el compromiso de emprender los cambios legislativos oportunos para garantizar su pleno ejercicio a toda las familias.

Centenares de personas se sumaron a la convocatoria y recorrieron el trayecto de la manifestación desde la glorieta de Atocha hasta la Puerta del Sol. A su llegada al punto final, frente a la sede del Gobierno regional, varios afectados leyeron un comunicado en el que denunciaron los hechos referidos. ‘¿Cuántas muertes por suicidio han sido debidas a los desahucios? ¿Y los que no se saben? ¿Cuánta gente está viviendo en la calle, o en chabolas, o tiene que vivir en un trastero, o como cada uno pueda para mal sobrevivir?’, apuntaron. ‘Que no nos hablen de que están tomando medidas, como la del decreto-ley sobre los desahucios’, ‘que no nos hablen de lo que llaman `segunda oportunidad’. ¿Oportunidad para quién?’, clamaron. ‘Desde luego para los afectados de la `estafa’ de las entidades financieras -para quienes exigieron juicio y castigo-, para esos no es oportunidad’.

Los manifestantes recordaron que en un contexto de marcado por crecientes cotas de pobreza y desigualdad ‘no puede ser el mercado quien regule el destino de las viviendas’. ‘Una política de vivienda, que sea realmente `nueva’ -subrayaron- necesita bases nuevas’. Y desgranaron algunas propuestas que deberían sostener esa necesaria política, entre otras, recobrar y mejorar todos los derechos que nos han quitado; que, además de ser reconocido explícitamente el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, se reconozca con disposiciones efectivas, incluyendo el derecho a la vivienda en el marco legal con vías de reclamación directa; que se garantice una política de vivienda que incluya todos los ámbitos políticos relevantes y todos los agentes, incluyendo a las personas afectadas por la vulneración de derechos humanos, y a la sociedad civil, tanto en la definición, como en la evaluación del proceso.

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