En el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, las asociaciones vecinales demandan una regulación del uso del móvil en menores

La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), integrante de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética, aprovechando la celebración del Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, pide a la Administración que regule el empleo del teléfono móvil por menores de edad y promueva campañas de uso responsable de los dispositivos inalámbricos, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo. Esta reclamación forma parte de una batería de propuestas que serán presentadas mañana miércoles 24 de junio a las 19h. en el Ateneo de Madrid y que integran un manifiesto unitario de la citada plataforma, que está compuesta por organizaciones vecinales y ecologistas y colectivos de afectados de buena parte de las comunidades autónomas de España.

En el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, las asociaciones vecinales demandan una regulación del uso del móvil en menores
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Más de cincuenta agrupaciones de todo el Estado, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales y la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía entre ellas, se han adherido al documento.

En nuestro país las antenas de telefonía móvil emiten emisiones muy por encima de lo sugerido por numerosos científicos y por el propio Parlamento Europeo, que el pasado 2 de abril publicó una resolución en la que recomienda que se modifiquen las leyes y se baje la potencia de emisión de las antenas a 0,6 V/m. En España, la norma que actualmente las regula permite una potencia de hasta 61 V/m. Por este motivo, la Plataforma exige que se desarrolle una nueva ley que sustituya el actual Real Decreto 1066/2001 y la Ley General de Telecomunicaciones, ambas obsoletas, basada en el Principio de precaución y el Principio ALATA (“mínima emisión técnicamente posible”, en inglés).

Además, denuncia “la pasividad y alineamiento, hasta la fecha, del Gobierno español, con los intereses de la industria de las telecomunicaciones inalámbricas”. “En lugar de defender el derecho a la salud de la población, el Gobierno ignora las reivindicaciones ciudadanas y las resoluciones internacionales”, continúa el citado manifiesto, en el que también reclama que se “establezca un sistema de control de los niveles de emisión fiable, encomendado a un cuerpo público de inspección independiente”. Las asociaciones vecinales exigen, además, “que se establezcan distancias mínimas biosanitarias para todas las fuentes de emisión de contaminación electromagnética en base a estudios científicos independientes, que las autoridades decreten una moratoria en todo el Estado sobre la instalación de sistemas WIFI, WIMAX, etc. y se sustituyan las ya instaladas por conexiones por cable”, así como el reconocimiento “de la electrohipersensibilidad (EHS) como causa de discapacidad, como se hace en Suecia y en algunos estados de EE UU”. Por último, entre otras cosas, piden que se prohíba el uso del móvil en el transporte público y en centros públicos como escuelas, universidades, hospitales y bibliotecas”.

Todas estas cuestiones serán ampliadas en el acto informativo del Ateneo de Madrid, que contará con la participación de una persona electrosensible, Minerva Palomar, así como de varios especialistas en electromagnetismo y en la legislación que lo regula.

Desde hace tiempo, las asociaciones vecinales se muestran preocupadas por la proliferación “descontrolada” en nuestros barrios y pueblos de instalaciones electromagnéticas como las antenas de telefonía móvil, que en numerosas ocasiones se implantan en las proximidades de equipamientos sensibles como centros educativos o sanitarios o de viviendas. Por citar sólo un caso, en el distrito de Barajas una antena de France Telecom trae de cabeza desde hace meses al vecindario. La instalación se encuentra en la terraza del centro de mayores Monserrat Caballé, en el barrio de Corralejos, que pertenece a la ONG religiosa Mensajeros de la Paz del cura Ángel García. La asociación vecinal San Roque de Corralejos se queja de que la entidad religiosa, que recibe financiación pública y ha levantado el asilo en un terreno municipal, se lucre con la concesión de una instalación que podría tener efectos negativos en las personas de las casas circundantes.

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