En el período de la burbuja inmobiliaria la inversión en vivienda concentró más de la mitad de la riqueza productiva acumulada por el total de la economía española. Pero al mismo tiempo endeudamiento de las familias creció en más de un 300%, el precio de la vivienda en un 160%, y la ya escasa vivienda protegida descendió el 50 %. El desmedido afán inmobiliario se nos vendía como el mecanismo para abaratar el precio de la vivienda. ¡Gran engaño! Esas son las bases que produjeron la actual situación de despilfarro del territorio, de especulación y corrupción, del bochornoso abandono de la inversión pública en vivienda, del gravísimo olvido de la ciudad existente y de su rehabilitación, y de haber casi expulsado de la política de vivienda el alquiler social y el alquiler accesible en general, ¡el gran ausente de la política de vivienda!

Todo ello ha producido, por una parte, un parque de viviendas sobredimensionado, con una gran cantidad de viviendas vacías, con un alquiler inasequible, con un gran número de viviendas que necesitan rehabilitación. Y, por otra, una buena parte de la población que no sólo sufre dificultades en el acceso a la vivienda, sino que vive en viviendas inadecuadas, o hacinada, o amenazada por ejecuciones hipotecarias. Pero las Administraciones Públicas siguen poniendo sus esfuerzos en los beneficios del sector de la construcción produciendo un resultado fraudulento y una situación esperpéntica de efectos muy graves, pues al mismo tiempo que vemos cómo personas y familias son desalojadas de sus casas por no poder hacer frente a su hipoteca o a sus alquileres, esto se produce en un país que ha construido uno de los mayores parques de viviendas desocupadas.

El problema nunca ha sido la existencia de viviendas. El problema es que no se ha reconocido el acceso a una vivienda digna, accesible y duradera como un derecho. A pesar de lo que diga la Constitución (art. 47), hoy nos manifestamos porque en la práctica no está reconocido el derecho a la vivienda como un derecho humano porque la vivienda es un bien necesario que satisface una necesidad básica y porque supone una de las decisiones económicas más importantes a lo largo de la vida de las personas que además no pueden dejar de hacer.Por todo ello y por mucho más, exigimos el desarrollo del mandato constitucional a los poderes públicos para el acceso a una vivienda digna de forma estable como derecho humano. Esto es irrenunciable porque existe una conexión directa del derecho a la vivienda con otros derechos como el derecho a la vida y a la intimidad, el derecho a la salud, el derecho a unas condiciones de vida adecuadas. Por eso el derecho a la vivienda es expresión de la dignidad humana y la dignidad humana no está en venta y no puede quedar al arbitrio ni a la oportunidad del negocio ni de la rentabilidad en el mercado, ni a las condiciones de la inversión, ni a ningún otro aspecto económico o político.

Hoy siguen prevaleciendo los procedimientos financieros que han hecho posible el endeudamiento de las familias, y que ahora amenazan a que cualquiera pueda ser desahuciado. Los requerimientos para acceder y mantener una vivienda siguen siendo inalcanzables dada la flexibilización del mercado laboral, la precarización del empleo, la caída continuada del poder adquisitivo de los asalariados y la pérdida de derechos laborales. Y, junto a ello, la evolución de los precios de la vivienda y de los alquileres, la falta de ayudas a la rehabilitación, los indicadores de sobreendeudamiento, las realidades de exclusión y sin hogar, no han conseguido el más mínimo cuestionamiento, ni la más mínima reflexión crítica.

Y si ya sólo por eso nuestra protesta es más que necesaria, no podemos olvidar lo que está sucediendo con el patrimonio público de vivienda. Comunidad y Ayuntamientos de Madrid (IVIMA y EMVS) han abandonado a su suerte a varios miles de familias, tras vender a los fondos buitre las viviendas de las que eran legales adjudicatarias. De la noche a la mañana han visto cómo les cambiaban las condiciones, obligándoles a pagar el IBI o la tasa de basuras, arrebatándoles las juntas de administración vecinal o no renovándoles las ayudas al alquiler de las que eran beneficiarias. Esto ha supuesto, en muchos casos, una subida en los costes de alquiler de entre tres y cinco veces lo que pagaban antes de esa venta fraudulenta. Venta, que equivale a renunciar por decreto a disponer de un parque de vivienda pública digno, a la vez que se dilapida el dinero invertido por la ciudadanía madrileña, malvendiendo a precio de ganga lo que era nuestro, a esos pocos que buscan enriquecerse a nuestra costa.

Pero los gravísimos problemas no acaban aquí. No podemos olvidar el intento fraudulento de modificar los contratos de alquiler de rentas antiguas por parte de la EMVS de Madrid. Ni la paralización de las rehabilitaciones a las que se detraen los fondos para adecuar las viviendas a una calidad de vida imprescindible, o no se abonan las subvenciones ya concedidas para rehabilitación e instalación de ascensores o para las instalaciones de energía, aunque habían sido concedidas y adelantadas por los propios vecinos. Y no podemos olvidar la existencia de infraviviendas y poblados chabolistas, de personas sin hogar. Ni los problemas de convivencia generados por mafias que ocupan viviendas que los bancos desahucian y luego abandonan además sin hacerse cargo de las cargas de comunidad que les corresponde como propietarios. Pero, ¡claro!, esto ocurre en los barrios más humildes.

Por eso sentimos como nuestros los daños que muchas personas y familias están sufriendo debido a la pérdida del trabajo, a la pérdida de un hogar donde vivir dignamente, a las graves dificultades que se producen dentro de una comunidad cuando no se puede hacer frente a facturas, al pago de la comunidad, a alimentarse y vestirse, o a pasar simple y llanamente frío por la pobreza energética resultado de no poder hacer frente a los recibos de luz o gas. Todo ello hace que aumenten los sentimientos de impotencia, desesperación y anulamiento en las personas y familias que lo sufren ¿Cuántas muertes por suicidio han sido debidas a los desahucios? ¿Y los que no se saben? ¿Cuánta gente está viviendo en la calle, o en chabolas, o tiene que vivir en un trastero, o como cada uno pueda para mal sobrevivir?

Y que no nos hablen de que están tomando medidas, como la del Decreto-ley sobre los desahucios, ni siquiera con lo que ahora que vienen elecciones dicen que van a mejorar. La protesta ciudadana, la ILP, lo que dicen incluso sentencias de tribunales europeos, ¡no es eso, no eso! Ni lo que nos quieren colar como “segunda oportunidad” ¿Oportunidad para quién? Desde luego para los afectados para lo que se debe llamar por su nombre como “estafa” por parte de las entidades financieras, para esos no es oportunidad.

Necesitamos determinación para una política de vivienda nueva. No podemos consentir que quede paralizado el enorme parque de viviendas desocupadas que se sigue ampliando por las decenas de miles de familias que la están perdiendo, y por los miles de jóvenes que no pueden acceder a ella. Una sociedad decente no puede permitir que millares de sus ciudadanos vivan en viviendas y en entornos de exclusión y lo hagan durante generaciones. No podemos dejar que, en las nuevas circunstancias de mayor pobreza y desigualdad, sea el mercado quien regule el destino de las viviendas. Una política de vivienda, que sea realmente “nueva”, necesita bases nuevas.

Por ello exigimos que, además de ser reconocido explícitamente el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, se articule el reconocimiento de este derecho a través de disposiciones efectivas. Incluir el derecho a la vivienda en el marco legal, no puede quedar en una simple declaración de intenciones, sino que se debe acompañar de los pertinentes efectos legales y vías de reclamación directa. Si esto no ocurre, el reconocimiento del derecho a la vivienda se convierte en una simple política de gestos. Exigimos por ello que se configuren obligaciones de resultado y que los poderes públicos tomen obligatoriamente las medidas necesarias para garantizar y promover los derechos a la vivienda con objetivos claros, medibles y realizables, garantizando un enfoque integrado que incluya todos los ámbitos políticos relevantes y todos los agentes, incluyendo a las personas afectadas por la vulneración de derechos humanos, y a la sociedad civil, tanto en la definición, como en la evaluación del proceso. > Contra todos los desahucios> Contra los abusos hipotecarios> Contra los abusos en los alquileres> Contra el expolio de la vivienda pública> Contra los fondos buitre>Contra los pelotazos urbanísticos>Contra el impago de ayudas a rehabilitación

Más información en el blog de la iniciativa.