Sin considerar la opinión de los pequeños y de sus padres, el Consistorio ha decidido trasladar el taller, que hasta el momento se realizaba en el Polideportivo de San Cristóbal de los Ángeles, al Espinillo, en la otra punta del distrito, a pesar de que las familias ya han pagado la matrícula de todo el año. La asociación vecinal La Unidad de san Cristóbal rechaza el traslado y critica que desaparezca, medio año antes de que llegue a su fin, “uno de los pocos servicios públicos que tenía este olvidado barrio de Madrid”.

Estrella Rojas, una de las madres afectadas, sostiene que a su hijo, “que tiene cuatro años y ocho meses, le van a quitar la actividad que más le gusta, a parte del colegio, la psicomotricidad. Al cargo de la actividad está una gran profesional que les ayuda muchísimo, Belén. Pagué una matrícula de un año con sus mensualidades y ahora el Ayuntamiento, cinco meses después, ha decidido quitar a los niños esta actividad. Yo soy una madre separada y que trabaja y no tengo ninguna posibilidad de llevar a mi hijo al Espinillo”, indica Rojas.

Ante las múltiples carencias que el barrio padece, los vecinos de San Cristóbal llevan años solicitando más servicios y equipamientos públicos, pero las administraciones no sólo no atienden esta demanda sino que reducen progresivamente sus prestaciones. El último ejemplo se produjo las pasadas Navidades, cuando la Agencia Antidroga decidió unilateralmente el cierre de un centro juvenil, dejando a cerca de un centenar de jóvenes sin el apoyo, acompañamiento y orientación que recibían con el argumento de que el edificio presentaba problemas de cimentación que amenazan la seguridad de los jóvenes.

Los vecinos y vecinas del barrio, apoyados por las principales asociaciones y entidades sociales de San Cristóbal (Asociación de Vecinos, Asociación Educación, Cultura y Solidaridad, IES San Cristóbal, AMPA del IES San Cristóbal, AMPAS de los Colegios Públicos del barrio, Parroquias de San Cristóbal, Cáritas, Plan de Desarrollo Comunitario, Club Deportivo Navas de Tolosa) reunieron, en apenas una semana, cerca de dos mil firmas para exigir la reapertura del centro y denunciar el uso electoralista que se hace de los recursos sociales, “pues no es la primera vez que vemos cómo llegan al barrio en periodo de campaña municipal o regional recursos que luego desaparecen, precisamente cuando empiezan a ser parte del barrio”, sostiene Prado de la Mata, presidenta de la asociación vecinal La Unidad.