La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) lanzada por organizaciones defensoras del medio ambiente para que las instituciones comunitarias y los Estados miembro consideren el agua como un derecho fundamental y velen por que todos los ciudadanos puedan ejercerlo, y que el abastecimiento y la gestión de recursos hídricos no se rijan por las normas del mercado interior y se excluyan del ámbito de la liberalización ha obtenido su primer fruto: el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, ha decidido que el agua quedará al margen de la directiva europea sobre concesiones, una norma para regular la privatización a través de contratos de las Administraciones con empresas sobre servicios como protección y defensa civil, servicios de emergencia realizados por organizaciones sin ánimo de lucro y los medios de comunicación, servicios legales o financieros.

Según el propio Barnier, en su decisión ha influido la ICE, promovida, entre otras, por las organizaciones que forman parte de la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II, que ha logrado superar el millón de firmas necesarias. Hasta el momento han rebasado la cifra de 1.600.000 firmas en 11 países y esperan llegar a los dos millones en 14 países.

Los promotores de la iniciativa popular, que defiende el agua y el saneamiento como derecho humano para impedir que sea un bien comercial sujeto a las leyes de mercado a través de las concesiones y se blinde, por tanto, como servicio público esencial, han celebrado esta pequeña victoria pero no bajan la guardia y continúan con la recogida de firmas para evitar que el agua se convierta en negocio para algunos y se traduzca en incremento de precios y disminución de la calidad del servicio.