El 17 y el 31 de marzo de 2020, el Gobierno aprobó sendos decretos ley en los que se concretaban medidas extraordinarias en el ámbito económico y social para hacer frente a la crisis sanitaria motivada por el coronavirus. Específicamente las destinadas a garantizar, en este contexto, el suministro de los servicios públicos de agua al conjunto de los hogares, mientras durase el Estado de Alarma, dado que la condición de vulnerabilidad era previsible que se ampliase sustancialmente. Estas medidas prescribirán el 30 de septiembre.

La Red Agua Pública (RAP) valoró positivamente lo establecido en ambos decretos ley en relación con el suministro de agua, ya que son coherentes con el derecho humano al agua, que establece la obligación de disponer un suministro continuo y la prohibición de cortes de suministro por motivos de vulnerabilidad económica o social. Además, en plena crisis sanitaria, se puso de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud.

Estas medidas contaron con un generalizado apoyo y consenso social y ciudadano. Sin embargo, en plena pandemia, el lobby del agua privada presionó al Gobierno, a través de una carta de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana dirigida a la ministra de Transición Ecológica, pidiéndole la suspensión de la prohibición de los cortes de agua aduciendo perjuicios comerciales que podían poner en peligro el equilibrio económico financiero de sus contratos de concesión. Esta actitud egoísta, insolidaria y mezquina fue denunciada por la RAP y finalmente desoída por el ejecutivo.

Desde la promulgación de ambos decretos ley han pasado seis meses, durante los cuales el impacto de la Covid-19 ha ocasionado un incremento notable del número de familias que se encuentran en condiciones de pobreza extrema, que ya alcanza casi el 68 % de las vulnerables, y la situación económica y social se ha retrotraído a los peores momentos de la crisis financiera de 2008. Además, de acuerdo con el Informe Foessa de 2020, se configura una crisis habitacional que se manifiesta en que el 19,5 % de las familias se han visto obligadas a mudarse a una vivienda más barata y un 13,2 % viven con una inminente amenaza de expulsión o desahucio.

A pesar de esta crítica situación social, el Gobierno no ha renovado las medidas de protección a los sectores sociales vulnerables que les ha permitido asegurar su acceso al agua. Esto es a todas luces inaceptable, ya que condenará a amplios sectores de la sociedad a una situación que pondrá en peligro su propia integridad física y vital, además de constituir una conculcación flagrante del derecho humano al agua.

La RAP exige al Gobierno que reconsidere la decisión que ha tomado, desoiga cualquier presión del lobby del agua privada para reanudar los cortes de suministro y mantenga las medidas contempladas en los reales decreto de marzo con el fin último de garantizar el derecho humano al agua y no dejar a nadie atrás.