Tal y como indica la Cumbre Social en un comunicado, el proyecto presentado por el Gobierno de Cristina Cifuentes, ‘lejos de aprovechar la débil recuperación económica como palanca a favor de las personas y sus derechos, continúa la senda de privatizaciones y de regalos fiscales para el 2% más rico de la población madrileña. Con tales criterios, resulta imposible el desarrollo de unos servicios públicos básicos y fundamentales para la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y como instrumentos para la democracia y la cohesión social’.

La red entiende que la pérdida de la mayoría absoluta por parte del Partido Popular en las últimas elecciones municipales y autonómicas representaba una posibilidad para el cambio de unas políticas que se han demostrado ‘inútiles a la hora resolver los graves problemas que sufre la ciudadanía’. Desgraciadamente, Ciudadanos (C’s) ha decidido no sumarse a las propuestas de enmienda a la totalidad de PSOE y Podemos, permitiendo así, y a pesar de las algunas enmiendas parciales positivas que se han aprobado hoy en el parlamento regional, mantener ‘una falsa austeridad que solo favorece a los más poderosos y maltrata socialmente a la gran mayoría de la población madrileña’.

Para la Cumbre, recuperar personas y derechos debería ser el centro de un proyecto presupuestario que se presenta en un contexto de 1.300.000 personas en riesgo de exclusión, 300.000 en situación de extrema necesidad, un 12% de trabajadores pobres y menos de la mitad de los 545.300 desempleados cobrando alguna prestación.

Ante esta realidad, las entidades que componen la Cumbre Social de Madrid y que representan a la mayoría de la sociedad civil organizada en nuestra Comunidad, más de 300 entidades sociales y sindicales, proponen ‘la recuperación de la progresividad en el tramo autonómico del IRPF y la corrección de la actual política de exenciones y deducciones; la recuperación de los tipos impositivos del impuesto de Sucesiones y Donaciones, así como el incremento del 1% del Impuesto de Transmisiones patrimoniales; la eliminación de las deducciones en el tramo autonómico del IRPF que no tienen criterio salarial alguno y el restablecimiento del Impuesto de Patrimonio’. Y es que, sostiene, ‘sin una mayor recaudación que parta de criterios de equidad y de que aporten quienes más tienen es imposible resolver la brecha social creada por la crisis’.

En empleo, los presupuestos para 2016 no han servido para corregir las ‘políticas erráticas, ni encaminarse hacia estrategias eficaces y negociadas para la recuperación del empleo perdido, eliminando, entre otras cuestiones, la cada vez mayor brecha de desigualdad entre hombres y mujeres’, indica la Cumbre Social. De hecho, el ligero incremento del presupuesto destinado al empleo y a la formación (68 millones), resulta raquítico para construir un mayor empleo, más digno y con derechos.

Por la misma razón, las organizaciones que forman parte de la Cumbre social denuncian que los aumentos presupuestarios en sanidad y educación no sólo no revierten los seis años de duros recortes, sino que resultan insuficientes para las actuales necesidades y se separan de una apuesta decidida por lo público y por el fin de las privatizaciones. La FRAVM valora positivamente la aprobación, con los votos de C’s, Podemos y PSOE, de una enmienda propuesta por CCOO para anular el artículo 13.2 de la Ley 4/2012, que declaraba la extinción de 26 categorías profesionales del Servicio Madrileño de Salud y permitió la privatización de servicios no sanitarios.

En política social y familia, la Cumbre considera que la partida actual se queda manifiestamente corta en la cuantía y número de Renta Mínima de Inserción, a pesar de la aprobación de una enmienda que ha permitido elevar la cuantía de 375 euros a 400 euros a partir de enero de 2016. La red propone un giro basado en reforzar, ampliar el número de beneficiarios e incrementar la cuantía de la Renta Mínima de Inserción hasta los 426 euros (así como en establecer iniciativas de lucha contra la pobreza energética entendiendo que el acceso a tales recursos representa un derecho ciudadano universal. Se hace también necesaria la implantación un Plan Director de Atención a la Dependencia que asegure la cooperación de las corporaciones locales, refuerce la coordinación socio-sanitaria, y garantice el derecho y la cobertura, a través de un modelo de gestión pública dotado de forma suficiente.

Finalmente, la Cumbre manifiesta que las renuncias en Igualdad, Inmigración o Cooperación de estos presupuestos son más que evidentes. No solo por las exiguas cantidades asignadas a estas partidas frente el drama de los refugiados o el de la violencia sobre las mujeres, sino porque constatan como, en estos campos, la voluntad del ejecutivo madrileño queda reducida a simples gestos que no dan respuesta a las necesidades reales de quienes viven en Madrid.