En el año 2013 el Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid orquestó la mayor venta de viviendas públicas y sociales de la historia contemporánea, con sus inquilinos dentro. A cambio de 201 millones de euros, se entregaron al fondo de inversión Goldman Sachs un total de 2.953 viviendas (32 promociones por toda la región) con el argumento de que aquella venta era necesaria para no incurrir en déficit.

En mayo de 2018 la justicia declaró que aquella venta carecía de justificación y anuló en bloque toda la operación, ordenando recuperar las viviendas. Tres años después, las viviendas no se han recuperado y la Comunidad de Madrid niega el amparo a las familias afectadas.

Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid llevan planteados un total de seis recursos contra el cumplimiento de la sentencia.

Desde el Gobierno regional se ha hecho negocio especulando con la vivienda pública, sabiendo que el fondo expulsaría a las familias inquilinas debido a los bajos ingresos.

Para poner fin a esta canallada, las organizaciones citadas han convocado mañana miércoles a los partidos políticos en la Puerta del Sol para suscribir un acuerdo escrito en el que se comprometan a cumplir con la sentencia, no plantear más recursos y abrir una Oficina Pública de Atención a los Afectados.