Reunidas en la sede de la FRAVM el pasado 23 de octubre, asociaciones de vecinos del ámbito de afección del aeropuerto de Madrid-Barajas, representantes de urbanizaciones y de comunidades de residentes afectados por las operaciones del Gran Barajas, decidieron, al amparo de la Comisión de Medio Ambiente de la FRAVM, constituir la Coordinadora para el cierre nocturno del aeropuerto de Barajas.

Esta coordinadora integra a las asociaciones de vecinos, coordinadoras, plataformas y colectivos que, desde principios de los noventa, no han dejado de denunciar los gravísimos problemas medioambientales que acarrearían las sucesivas ampliaciones del aeropuerto de Madrid-Barajas y las cada vez mayores afecciones sufridas por la población circundante y las viviendas en las que habitan ( si los afectados eran 779.254 habitantes en 1996, en 2001 ya eran 863.692 las personas afectadas, mientras las viviendas familiares afectadas habían pasado de 284.571 en 1996 a 350.984 en 2001).

La demanda de la coordinadora se sustenta en el Real Decreto 1257/2003 por el que se regulan los procedimientos para la introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido de los aeropuertos y en el anteproyecto de Ley 121/0001140 del Ruido. El Real Decreto incluye límites y prohibiciones de vuelos nocturnos, como viene aplicándose desde hace años en varios países europeos en aeropuertos que, como el de Madrid-Barajas son AEROPUERTOS URBANOS. Por su parte, el proyecto de Ley del Ruido supone la trasposición de la Directiva 2002/49/CE de 25 de junio de 2002, cuyo plazo límite expira en julio de 2004 y en ella se definen las zonas de servidumbre acústica y la evaluación acústica aunque, a continuación, no se menciona medida alguna a adoptar que proteja de las agresiones acústicas ni en el interior de las viviendas ni, menos, en el entorno de las urbanizaciones afectadas. La opacidad y el sigilo con los que se está llevando a cabo la tramitación parlamentaria de una ley contra el ruido que llevamos años reivindicando (aunque no, obviamente, el contenido de este anteproyecto de ley) nos ha hecho calificarla de “ley del silencio” por su sesgo de legitimación de hechos medioambientalmente negativos consumados.