Hace más de un año, la Mancomunidad del Este aprobó el proyecto de construcción de un macrovertedero y una incineradora en el municipio de Loeches. Desde entonces, poco se ha sabido de los pormenores de una iniciativa que mantiene en vilo a buena parte de la población no sólo de esta localidad sino también de Torres de la Alameda, Mejorada del Campo, Torrejón de Ardoz y Villalbilla, los pueblos más próximos a los terrenos escogidos. “Nadie ha visto todavía la declaración de impacto ambiental, el oscurantismo en todo el proceso es patente”, sostiene Francisco Caño, responsable de Medio Ambiente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), una de las entidades que forman parte de la neonata Coordinadora contra la Incineradora y Macrovertedero del Este.
Precisamente varios representantes de esta nueva plataforma dieron a conocer ayer su manifiesto constituyente, un escrito al que ya se han adherido CCOO, UGT, IU-LV, PSM, Equo, CECU, Ecologistas en Acción, Greenpeace, la asociación de artesanos de Loeches Ad Origine, la plataforma vecinal No a la planta de residuos de Loeches, Amigos de la Tierra, así como varias AMPAs y asociaciones vecinales de la zona. Los colectivos sociales, además de subrayar la discriminación que desde hace años padece el territorio, al acumular numerosas infraestructuras dañinas para el medio ambiente y la salud, sostienen en el documento que frente a “proyectos faraónicos de incineradoras y macrovertederos hay alternativas mejores, porque el Sureste cumple con su cuota de solidaridad con el resto de la Comunidad y porque queremos un mundo habitable para las generaciones futuras”. En realidad, lo que se encuentra detrás de la nueva planta incineradora de plasma es un modelo fallido de gestión de residuos, en cuyo marco el Gobierno regional “incumple las exigencias europeas y nacionales” y no ha sido capaz de aplicar aún el Plan Regional de Residuos 2006-2016.
Para las entidades firmantes, “el modelo debe partir del diálogo entre agentes sociales, asociaciones, empresarios y Administración. Ha de ser eficiente, sostenible y transparente, participativo y asignar mayor responsabilidad y costes de la gestión a los productores. Basado en la prevención y reducción, reutilización, compostaje, reciclado y recuperación, mantendrá como última opción el vertido controlado de la mínima fracción posible, excluyendo la incineración”, indican en el citado manifiesto.
En este contexto, continúan, “requerimos de la Comunidad de Madrid una política para el tratamiento de residuos en la que se contemple la reducción en origen con normas adecuadas y un seguimiento correcto, educación ambiental y medidas económicas, legales y fiscales para minimizar la generación de residuos”; la “sensibilización de la población sobre la recogida selectiva y el consumo responsable; medidas para la reutilización de envases, y la reducción y reciclaje del embalaje y envasado, responsabilizando a los productores de su gestión; la recogida selectiva de la materia orgánica para compostaje, y no tratarla como fracción resto; soluciones para los residuos tóxicos y peligrosos generados en el hogar: medicamentos, pilas, aceites, envases de sprays, pinturas, fluorescentes, bombillas de bajo consumo, tintas…; la reducción del volumen y riesgo de los residuos industriales, favoreciendo la producción limpia para minimizar el consumo de energía y recursos, y la generación de residuos; una red eficaz de medición de contaminantes, para conocer las emisiones de la incineración”; y, por último “medidas que favorezcan la generación de empleo hacia apuestas sostenibles”.
En definitiva, concluye el documento, “exigimos la puesta en marcha de un auténtico plan de residuos que incluya la planificación regional en materia de reciclaje, almacenamiento y gestión de residuos y esté dotado de los medios técnicos y materiales que sean necesarios para su implementación”.
