Un año más, miles de personas abarrotarán las calles del centro de la capital con motivo de la celebración de las fiestas del Orgullo entre el 3 y el 7 de julio, durante la semana del orgullo LGTB. Desde que en 2007 Madrid acogiera el Europride (Fiesta Oficial del Orgullo Europeo), el “mayor y mejor Europride de la historia” en palabras del presidente del European Pride Organizers Association, la fiesta ha sumado, edición tras edición, más y más participantes allegados de todos los puntos del planeta.

La Asociación Vecinal de Chueca, que comparte la necesidad de seguir trabajando para avanzar en la conquista de la tolerancia y la igualdad de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, vuelve a denunciar la excesiva permisividad del Ayuntamiento de Madrid con los organizadores del evento, que por segundo año consecutivo permite instalar un escenario en la plaza de Chueca, camuflando la colocación de bares en la vía pública para la venta de alcohol con la denominación de “elementos anexos al escenario”, incumpliendon la ley antibotellón.

La instalación del referido escenario va ligada al desarrollo de varios conciertos con amplificación acústica que supone una doble infracción: la de la ordenanza del ruido y la propia autorización del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, tal y como sucedió el año pasado, apunta la asociación. A su juicio, MADO reincide en la infracción ya que el Ayuntamiento “ni ha cobrado ni va a cobrar” la sanción que le impuso el año pasado toda vez que “incluye deliberados defectos que impiden hacer firme el cumplimiento de las sanciones”.

Así pues, la plaza de Chueca se convertirá en un cul de sac de apenas 20 de ancho y 900 metros cuadrados sobre la que resulta técnicamente imposible aplicar un plan de emergencia, ya que ni la configuración de la plaza ni las vías de escape permitirían una evacuación segura. La entidad señala como responsables de los “gravísimos” riesgos que la masiva afluencia de gente puede comportar al responsable del área en el Ayuntamiento de Madrid, José Enrique Núñez y al concejal del distrito Centro, David Erguido. “No parece que los políticos del Ayuntamiento hayan aprendido de la muerte de cinco jóvenes en eventos similares y vuelven a poner en riesgo la vida de personas para que unos empresarios, con vínculos de amistad, hagan este negocio”, remacha la asociación.

Por último, los bares que se instalarán en la vía pública “no suponen ningún ingreso a la hacienda pública”, ya que en palabras de la asociación “son alquilados a precio variable por la Asociación de Empresarios y Profesionales para Gays y Lesbianas de Madrid y su comunidad (AEGAL) a pesar de ser suelo público sobre el que no tienen derechos propiedad, con la condición de que los inquilinos les compren lotes de bebidas, incluido alcohol, en cantidades mínimas, sin posibilidad de retorno, a los precios fijados y para vender en exclusiva, incluso sin IVA”. Por el contrario, los costes de seguridad y limpieza de las calles sí corren por cuenta del presupuesto público.

La asociación vecinal no ha podido presentar alegaciones a las autorizaciones como parte afectada porque considera que el Ayuntamiento ha retrasado ‘deliberadamente’ la firma de las autorizaciones y ‘ha decidido poner en práctica un modelo de `ingeniería’ para infringir las normas en vez de garantizar de manera transparente su cumplimiento’.