A tenor de la plataforma, la Operación Lezo que ha puesto en marcha el magistrado Eloy Velasco, pone en evidencia el alcance de la corrupción en la Comunidad de Madrid y su relación con el Canal de Isabel II, empresa pública controlada por el Gobierno regional. Un caso que se entrelaza con otras tramas corruptas como la Gürtel, la Tosca y la Púnica, destinadas tanto a financiar al Partido Popular como a enriquecer descaradamente a los corruptos. Salvador Victoria, que fue consejero de Justicia del gobierno de Ignacio González y presidente del propio Canal, está imputado en el caso Púnica, y Gerardo Díaz, ex gerente de la filial Hispanagua y actual colaborador de la Dirección de Operaciones en Canal de Isabel II SA, lo está en la Tosca.

La trama Lezo es especialmente relevante porque afecta de lleno al Canal de Isabel II, que gestiona los servicios de abastecimiento y saneamiento en la región y que, de acuerdo con Naciones Unidas, tienen la consideración de derechos humanos que deben estar garantizados por las administraciones públicas. Para la plataforma ciudadana, el impacto mediático que ha alcanzado este caso y que ha generado una importante alarma social se debe tanto a la importancia de las cifras que están en juego como a la relevancia política y social de los hasta ahora principales implicados, procedentes del ámbito político -con Ignacio González a la cabeza-, empresarial –OHL, Licuas, Indra, entre otras-  y de la propia dirección de la empresa – como su ex director general Adrián Martín, su anterior directora financiera María Tersa Richmond y Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo de la filial Interamericana de Aguas y Servicios-.

Sin embargo, las evidencias de corrupción ligadas a la actividad del Canal de Isabel II no son nuevas, y no solo la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II y los medios de comunicación las han puesto reiteradamente de manifiesto sino también la propia Comisión de la Asamblea de Madrid sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid, creada a pesar de la oposición frontal del Partido Popular. En mayo de 2016 la comisión ya denunció el caso de la empresa Emissao en Brasil, que ha sido el detonante de la Operación Lezo y que Cifuentes pretende protagonizar de forma oportunista -“yo remití el informe a la Fiscalía”, sin precisar que lo hizo en junio de 2016-, emulando a Esperanza Aguirre y a su célebre “yo destapé la Gurtel”.

En este sentido, “se puede entender que con la Operación Lezo -que bien puede denominarse caso Canal-, sale a la superficie el verdadero iceberg de la corrupción que se ha ido entretejiendo en torno al Canal de Isabel II durante los gobiernos del PP presididos por Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre e Ignacio González, que han aprovechado la preponderancia e importancia del Canal para expoliar lo público”, indica la plataforma, antes de añadir: “esto ha sido posible por la progresiva mercantilización del Canal de Isabel II que tuvo un hito importante en 2008, cuando el gobierno de Esperanza Aguirre empezó el proceso de privatización de la empresa pública y otro en 2012 cuando el de Ignacio González creó la Sociedad Anónima Canal Gestión”. Durante todo este proceso se ha materializado una patrimonialización rotunda del Canal por parte del Partido Popular, “utilizando esta empresa en beneficio del partido y de sus dirigentes, a través de un modelo de gestión totalmente opaco cuyo fin último es la maximización y reparto de los beneficios, como paso previo a la privatización, en detrimento de las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa y de las necesarias inversiones para asegurar la sostenibilidad de los servicios. Este modelo mercantil se ha consolidado, además, vulnerando la autonomía de los ayuntamientos y en claro detrimento de sus competencias en los servicios de abastecimiento y saneamiento”, indica la PCPCII.

Como siempre hemos hecho, frente a la corrupción y el ánimo de lucro, contraponemos la transparencia, rendición de cuentas, control y participación democrática; estos son los ejes fundamentales del modelo de gestión que la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II y la FRAVM reivindican para la empresa pública responsable de la gestión del ciclo urbano del agua en la Comunidad de Madrid y que entendemos que será la máxima garantía para evitar nuevos casos de corrupción.

Una vez más, exigimos la depuración de las responsabilidades políticas y penales de las personas que han incurrido en actos de corrupción o que han mostrado connivencia con los mismos, especialmente los responsables en la toma de decisiones en los diferentes consejos de administración de la empresa. En esta línea, la FRAVM, como hizo el pasado viernes, reclama la dimisión urgente de Esperanza Aguirre como concejala del Consistorio de la capital.

Por otro lado, reivindicamos la liquidación y disolución de la Sociedad Anónima Canal Isabel II SA, antes Canal Gestión, y el retorno de la gestión del ciclo urbano del agua en Madrid a la entidad pública Canal de Isabel II, con objeto de que se adopte un modelo de gestión público, transparente, con rendición de cuentas, democrático y participativo.

Por último, con la PCPCII urgimos a la Asamblea de Madrid a que asuma su responsabilidad de evitar futuros casos de corrupción en el Canal, anulando los decretos que empezaron la privatización y promulgando una ley que haga posible la implantación de un modelo de gestión como el reivindicado por la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II, que ya fue apoyado en enero de 2015 por más de treinta organizaciones políticas, sociales y sindicales de la región.