El Tribunal Supremo estimó el pasado mes de enero que el campo de golf que Esperanza Aguirre construyó en el tercer depósito del Canal de Isabel II, en el distrito de Chamberí, es ilegal. El Gobierno de la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital han hecho, sin embargo, oidos sordos tanto a la sentencia como a la demanda popular de construir en el ámbito un parque público para uso y disfrute de los vecions del distrito con menos zonas verdes por habitante de la capital (1,2 metros cuadrados por habitante frente a los 162,8 de Moncloa).

Tanto es así que el 9 de mayo el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid anunciaba la renovación, por parte del Canal de Isabel II Gestión S.A, de los servicios de gestión y explotación del campo de golf adjudicándolos a Proingest Management Asociados SL en sustitución de Green Canal Golf. Todo ello, encontrándose las instalaciones deportivas en situación de ilegalidad, al carecer de licencia municipal y de cualquier otra cobertura legal.

El campo de golf de Chamberí se construyó en 2006 sin licencia municipal. El Ayuntamiento de Madrid, gobernado entonces por Alberto Ruiz Gallardón, consideró que tal uso no era autorizable en esos terrenos. El Gobierno regional, presidido por Esperanza Aguirre, acordó seguir adelante con el proyecto, al margen del Ayuntamiento, recurriendo a un subterfugio: declararlo de interés general.

Tras la sentencia del Supremo, contra la que no cabe recurso, el Canal de Isabel II no puede seguir manteniendo la actividad y, menos aún renovar la adjudicación. A juicio de la AV El Organillo, Ecologistas en Acción y la plataforma Parque sí, en Chamberí, los responsables del CYII “podrían haber incurrido en graves irregularidades, incluso penales, al formalizar el nuevo contrato de adjudicación” ya que “han adjudicado la gestión y explotación de unas instalaciones y de una actividad, actualmente, en situación de ilegalidad”.

Por todo ello, han solicitado la anulación del contrato de adjudicación y han reclamado al presidente del CYII, Salvador Victoria, que cierre las instalaciones y las transforme en un parque público, como acordaron el CYII y el Ayuntamiento de Madrid en un convenio firmado en 2002. Y advierten que “si no se procediese en ese sentido los colectivos interesados no descartan denunciar los hechos en vía penal”.