El 19 de enero, la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II (PCPCYII) presentó el acuerdo por una gestión pública, transparente y participativa del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid a los medios de comunicación. Un día después lo hizo a la sociedad civil en un acto celebrado en el auditorio Marcelino Camacho, en la calle Lope de Vega, 38.

El documento ha sido refrendado por más de una veintena de organizaciones políticas y sociales que se comprometen a paralizar el proceso de privatización del Canal de Isabel II que Esperanza Aguirre inició en 2008 y a consecuencia del cual el servicio prestado se ha deteriorado de forma notable y se ha impuesto una política de opacidad, endeudamiento financiero y desprofesionalización de sus recursos humanos.

Con su gestión, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está poniendo en peligro la sostenibilidad del Canal de Isabel II, dejando de lado los intereses de los ciudadanos para embarcarse en aventuras empresariales de dudosos resultados, comprometiendo sus activos y preparando la entrada de manos privadas en la compañía a través de la emisión de bonos de deuda.

El acuerdo, que ha sido suscrito por IU, PSOE, Podemos, Equo y Ganemos Madrid, sienta las bases de un modelo de gestión del agua basado en la orientación al servicio público, la garantía de la prestación, la transparencia en la gestión y la promoción de la participación ciudadana y, más en concreto:

1.- Recuperación de la gestión no mercantil y cien por cien pública y retorno a una entidad pública empresarial que se denomine Canal de Isabel II. Cualquier excedente deberá destinarse a la mejora y sostenibilidad del sistema.

2.- Modelo cooperativo que refuerce el papel de los Ayuntamientos.

3.- Se garantizará una dotación mínima de suministro y una política tarifaria basada en criterios de equidad, universalidad, progresividad y estabilidad social, económica y ambiental. No se cortará el suministro en caso de impagos justificados.

4.- Se establecerán indicadores públicos de gestión y calidad del servicio definidos por las instituciones regionales y los ciudadanos. Se potenciará la planificación de los recursos hídricos y la gestión medioambiental.

5.- La gestión estará orientada a un uso sostenible del agua en cumplimiento de las directivas medioambientales promoviendo campañas de reducción de la demanda y eliminando pérdidas en la red.

6.- Se creará un órgano de participación social y ciudadana denominado Observatorio del Agua que garantice la pluralidad, la transparencia, la información y la participación ciudadana. Todas las decisiones delConsejo de Dirección serán públicas. La pluralidad del órgano se garantizará con la participación derepresentantes del Gobierno regional y de la oposición, de los ayuntamientos, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de los trabajadores y de los movimientos sociales,.

7.- Se establecerá una política de recursos humanos que garantice la dotación de un personal suficiente, cualificado y con derechos y condiciones de trabajo justas. Se recuperará la participación de los trabajadores en el Consejo de Administración.

8.- Se promoverá la imbricación del Canal en la sociedad madrileña mediante la colaboración con universidades, colegios, ayuntamientos, instituciones… y su apuesta por la investigación mediante la aprobación de un plan bianual de I+D+I.

9.- Se promoverá la derogación de la mal llamada ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que fomenta la privatización de los servicios municipales.

La PCPCYII ha logrado el compromiso de IU, PSOE, Podemos, Equo y Ganemos Madrid, que en breve pueden tener un papel activo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, de incorporar mencionadas medidas a sus respectivos programas electorales.