La FRAVM denuncia ante la fiscalía la apuesta del Gobierno regional por la educación privada

Madres y padres de alumnos del colegio Arcipreste de Hita de Fuenlabrada, la FRAVM, CCOO y las agrupaciones locales de IU, Equo y Podemos han llevado a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid la apuesta del Gobierno regional por la educación privada en detrimento de la pública, una apuesta claramente reflejada en la gestión de la demanda educativa en Fuenlabrada.

La FRAVM denuncia ante la fiscalía la apuesta del Gobierno regional por la educación privada
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Durante el periodo de inscripción para el curso 2014-2015, el colegio público Arcipreste de Hita de Fuenlabrada recibió 44 solicitudes de matrícula para niños de 3 años sin contabilizar las solicitudes de 2ª y 3ª opción. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, sin embargo, solo ha autorizado un aula de 25 plazas, dejando a 19 alumnos sin plaza escolar.

Una representación de las madres y de los padres afectados, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Comisiones Obreras y las agrupaciones locales de Equo, Podemos e IU han registrado una denuncia contra la consejera de Educación del Gobierno regional, Lucía Figar y contra el director del Área Territorial Madrid Sur de la misma consejería ante la fiscalía de la Comunidad de Madrid por el trato discriminatorio que dispensan a los colegios públicos, a los que se les exige un mínimo de 25 solicitudes para mantener un aula, frente a los centros concertados, a los que se les permiten ratios por debajo de ese número.

Las organizaciones denunciantes entienden que el Gobierno regional antepone los intereses privados a los públicos y que vulnera el derecho de libre elección de centro de las madres y padres. En el escrito presentado ante el ministerio fiscal subrayan que, al tiempo que rechazan la apertura de dos aulas con suficiente demanda en el colegio Arcipreste de Hita, la consejería de Educación mantiene de forma arbitraria aulas de infantil de 3 años en los colegios privados por debajo de la ratio que exige al colegio público.

El hecho de que la consejería se niegue a facilitar los datos de escolarización del curso 2014-2015 a pesar de la expresa solicitud de las familias, y otras organizaciones sociales inducen a éstas a pensar que la gestión no es imparcial y que su falta de transparencia pretende ocultar una gestión que perjudica a la red pública en beneficio de la red privada.

La administración alega ‘eficiencia en el uso de los recursos públicos’, pero esta eficiencia se aplica exclusivamente y de forma discriminatoria a los centros públicos. Por todo ello, los demandantes piden a la fiscalía que inicie las averiguaciones de los hechos denunciados a efectos de depurar, en su caso, las posibles responsabilidades penales.

Centenares de personas secundaron la manifestación convocada por el colegio Arcipreste de Hita para exigir la apertura de dos aulas de infantil (en la imagen).

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