La alcaldesa en funciones de Madrid, Ana Botella, acaba de adjudicar a Ferrovial un contrato por más de 16 millones de euros para la explotación de la planta de tratamiento de biogás de Valdemingómez durante los próximos 11 años.
A menos de dos semanas de constituirse la nueva corporación municipal, en la que previsiblemente el Partido Popular no podrá asumir responsabilidades de gobierno, la alcaldesa en funciones adjudica un contrato de larga duración e importante presupuesto que el nuevo gobierno municipal deberá formalizar en junio. De no hacerlo, la empresa adjudicataria podría reclamar una importante indemnización que debería detraerse de las arcas públicas.
Este es un ejemplo más de cómo ha venido funcionando el consistorio madrileño en la gestión de los servicios de recogida y tratamiento de residuos de la ciudad, donde cuatro empresas se reparten el negocio de la basura. De hecho, ya en un intento anterior de adjudicar la explotación de esta planta, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia detectó irregularidades en la licitación por una supuesta connivencia de las empresas interesadas, paralizándose el proceso de licitación.
Hoy hemos conocido, asimismo, la licitación del concurso de gestión del mobiliario urbano de Madrid durante un periodo de 12 años a pesar de que la adjudicación en vigor no caduca hasta el próximo mes de diciembre. El contrato reportará un beneficio de cerca de 50 millones de euros a la empresa adjudicataria.
Desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) no entendemos que en el tiempo de descuento de un mandato se puedan tomar este tipo de decisiones que comprometen por mucho tiempo y dinero a la ciudad. No es serio que un gobierno saliente condicione de esta manera al que le sucede.
Creemos que esta forma de adjudicar contratos in extremis es contraria a la buena gobernanza que reclama la ciudadanía madrileña y, por ello, nos parece inaceptable.
Madrid necesita más transparencia, equidad, participación y responsabilidad en su gobierno, de modo que la gestión municipal sea efectiva, eficiente y sin corrupción.
